/ viernes 19 de octubre de 2018

Chihuahua se cae a pedazos.

La calidad de vida es más importante que la vida misma.

Alexis Carrel.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 1 millón 265 mil 546 personas sufren algún tipo de pobreza en Chihuahua, un estado que de acuerdo con el INEGI tiene una población total de 3,556,574 habitantes.

Así las cosas, debemos comprender que 3 de cada 10 personas en Chihuahua sufren algún tipo de pobreza, desde extrema hasta moderada. La tercera parte de la población en el “estado grande” no cuenta con una vivienda digna, adolece de acceso a  la educación y sistemas de salud que le permitan tener una vida con bienestar.

De acuerdo con el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)  2 de cada 10 partos en Chihuahua son de mujeres entre los 10 y 19 años de edad. Ahora bien, el panorama no es mejor para los hijos e hijas de estas mujeres.

En 2016 el DIF Estatal identificó que 13 de cada 100 niñas y niños chihuahuenses sufren de algún tipo de desnutrición, presentando Índices de Masa Corporal en niveles de delgadez I, II y III.

La situación no es mejor en los jóvenes que estudian, pues de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado de Chihuahua, 1 de cada 5 estudiantes entre los niveles de primaria a bachillerato para 2014, habían consumido algún tipo de droga.

A donde voltee a verse pareciera que la esperanza en nuestra región se ha perdido, hoy en día habitamos en una entidad federativa en la que no existe la más mínima garantía de seguridad y respeto para los cuerpos del orden público, mucho menos para los ciudadanos comunes.

En los últimos dos años en Chihuahua se han presentado lamentables hechos de violencia relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico en diversas regiones del estado. La constante en todos los casos es la impunidad rampante.

En la actual administración estatal han ocurrido terribles atentados en contra de periodistas, como fue el infame asesinato de Miroslava Breach en la capital del Estado el pasado 23 de marzo de 2017. Así también han ocurrido aberrantes atentados en contra de autoridades electas, como es el caso del médico Blas Godínez en Gómez Farías, Chihuahua el pasado 7 de septiembre.

Por si esto no fuese suficiente el 27 de septiembre de este mismo año ocurrió el artero asesinato del joven empresario Uriel Loya en Parral, presidente de la Coparmex en esa ciudad del suroeste del estado. En ese momento el gobernador prometió “investigar y dar con los responsables de la agresión”.

Finalmente en los últimos días hemos descubierto que nuestras calles, carreteras y otros espacios públicos se han convertido en espacios de guerra, en los cuales se atenta contra la vida de los policías estatales y municipales.

Las y los chihuahuenses de bien, quienes a diario cumplimos con nuestras obligaciones cívicas, pagamos nuestros impuestos y abonamos por vivir en un Chihuahua cada día más seguro y estable, nos preguntamos cómo habrán de salvaguardar nuestra integridad cuando ni siquiera pueden garantizar la suya propia.

Sin lugar a dudas, el panorama desolador ha mellado en los ánimos y la esperanza de la población en general. Lo anterior explica que Chihuahua ocupe el tercer lugar a nivel nacional en la incidencia de suicidios, 8.4 por cada 100,000 habitantes de acuerdo con el INEGI.

Entretanto las autoridades encargadas del Desarrollo Social en el Estado deben hacer malabares con presupuestos raquíticos de 380 millones de pesos al año, recortes de personal y golpeteos políticos entre ámbitos municipales y estatales.

Vaya realidad: vivimos en una entidad en la que lo único organizado es el crimen. ¿Qué necesita ocurrir para tener garantizado una ambiente próspero, en paz y en armonía?

La calidad de vida es más importante que la vida misma.

Alexis Carrel.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 1 millón 265 mil 546 personas sufren algún tipo de pobreza en Chihuahua, un estado que de acuerdo con el INEGI tiene una población total de 3,556,574 habitantes.

Así las cosas, debemos comprender que 3 de cada 10 personas en Chihuahua sufren algún tipo de pobreza, desde extrema hasta moderada. La tercera parte de la población en el “estado grande” no cuenta con una vivienda digna, adolece de acceso a  la educación y sistemas de salud que le permitan tener una vida con bienestar.

De acuerdo con el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)  2 de cada 10 partos en Chihuahua son de mujeres entre los 10 y 19 años de edad. Ahora bien, el panorama no es mejor para los hijos e hijas de estas mujeres.

En 2016 el DIF Estatal identificó que 13 de cada 100 niñas y niños chihuahuenses sufren de algún tipo de desnutrición, presentando Índices de Masa Corporal en niveles de delgadez I, II y III.

La situación no es mejor en los jóvenes que estudian, pues de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado de Chihuahua, 1 de cada 5 estudiantes entre los niveles de primaria a bachillerato para 2014, habían consumido algún tipo de droga.

A donde voltee a verse pareciera que la esperanza en nuestra región se ha perdido, hoy en día habitamos en una entidad federativa en la que no existe la más mínima garantía de seguridad y respeto para los cuerpos del orden público, mucho menos para los ciudadanos comunes.

En los últimos dos años en Chihuahua se han presentado lamentables hechos de violencia relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico en diversas regiones del estado. La constante en todos los casos es la impunidad rampante.

En la actual administración estatal han ocurrido terribles atentados en contra de periodistas, como fue el infame asesinato de Miroslava Breach en la capital del Estado el pasado 23 de marzo de 2017. Así también han ocurrido aberrantes atentados en contra de autoridades electas, como es el caso del médico Blas Godínez en Gómez Farías, Chihuahua el pasado 7 de septiembre.

Por si esto no fuese suficiente el 27 de septiembre de este mismo año ocurrió el artero asesinato del joven empresario Uriel Loya en Parral, presidente de la Coparmex en esa ciudad del suroeste del estado. En ese momento el gobernador prometió “investigar y dar con los responsables de la agresión”.

Finalmente en los últimos días hemos descubierto que nuestras calles, carreteras y otros espacios públicos se han convertido en espacios de guerra, en los cuales se atenta contra la vida de los policías estatales y municipales.

Las y los chihuahuenses de bien, quienes a diario cumplimos con nuestras obligaciones cívicas, pagamos nuestros impuestos y abonamos por vivir en un Chihuahua cada día más seguro y estable, nos preguntamos cómo habrán de salvaguardar nuestra integridad cuando ni siquiera pueden garantizar la suya propia.

Sin lugar a dudas, el panorama desolador ha mellado en los ánimos y la esperanza de la población en general. Lo anterior explica que Chihuahua ocupe el tercer lugar a nivel nacional en la incidencia de suicidios, 8.4 por cada 100,000 habitantes de acuerdo con el INEGI.

Entretanto las autoridades encargadas del Desarrollo Social en el Estado deben hacer malabares con presupuestos raquíticos de 380 millones de pesos al año, recortes de personal y golpeteos políticos entre ámbitos municipales y estatales.

Vaya realidad: vivimos en una entidad en la que lo único organizado es el crimen. ¿Qué necesita ocurrir para tener garantizado una ambiente próspero, en paz y en armonía?