/ viernes 19 de abril de 2019

Dan tres años de prisión preventiva al expresidente Kuczynski por caso Odebrecht

La decisión se conoce dos días después de que el expresidente peruano Alan García se suicidó para evitar el arresto en una investigación relacionada a Odebrecht

Un juez de Perú ordenó el jueves que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski pase hasta tres años en prisión mientras los fiscales preparan cargos de corrupción en su contra por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La decisión se conoce dos días después de que el expresidente peruano Alan García se suicidó para evitar el arresto en una investigación relacionada a Odebrecht, una compañía brasileña que ha implicado a la clase política, autoridades y líderes políticos de Perú en una presunta trama de sobornos.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 80 años que alguna vez tuvo la ciudadanía estadounidense, niega cualquier ilícito. Kuczynski no asistió a la audiencia ante el juez Jorge Chávez Tamariz el viernes debido a que estaba recibiendo tratamiento para problemas cardíacos en una clínica local.

Después de que García se suicidó el miércoles, los abogados de Kuczynski pidieron al fiscal José Domingo Pérez que considere poner al expresidente bajo arresto domiciliario en lugar de la encarcelación previa al juicio.

Pérez, sin embargo, dijo que los problemas cardíacos de Kuczynski se pueden tratar sin dificultad en prisión y el juez Chávez aprobó su solicitud de mantener al expresidente encarcelado durante 36 meses antes del juicio.

El fallo se conoció cuando García estaba siendo sepultado y probablemente generará más críticas de que la investigación sobre los sobornos de Odebrecht se ha vuelto demasiado agresiva y que los fiscales y jueces están abusando del uso de la prisión preventiva.

Bajo las leyes peruanas, los sospechosos de delitos pueden permanecer en la cárcel antes del juicio hasta por tres años si los fiscales muestran evidencia de que probablemente serían condenados y tratarían de huir u obstruir la investigación a menos que sean detenidos.

Los últimos cuatro presidentes de Perú y la líder de la oposición han recibido órdenes de detención preventiva en el marco del caso Odebrecht, luego de que la compañía admitió a fines de 2016 que pagó alrededor de 30 millones de dólares en sobornos a políticos peruanos, parte de una sofisticada trama que sus exejecutivos detallaron a las autoridades en el extranjero.

Los fiscales del caso Odebrecht dicen que necesitan la prisión preventiva para evitar que los sospechosos ricos y poderosos evadan la justicia mientras reúnen pruebas en la investigación de sobornos más grande del país. Pero sus críticos, incluido el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, el juez Ernesto Blume, dicen que se está utilizando excesivamente debido a la ira por la corrupción generalizada.

Kuczynski, quien era presidente hace poco más de un año, dijo que ha cooperado plenamente con los investigadores e incluso declinó apelar cuando le prohibieron abandonar el país poco después de su renuncia en marzo de 2018.

Como presidente, Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con Odebrecht. Pero finalmente reconoció que su compañía consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro del gabinete en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

Toledo enfrenta la posible extradición desde Estados Unidos, luego de que un juez ordenó encarcelarlo antes de un juicio por acusaciones de que recibió un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht.

El expresidente Ollanta Humala pasó nueve meses en juicio previo por el caso Odebrecht antes de que apelara y fuera puesto en libertad.

Un juez de Perú ordenó el jueves que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski pase hasta tres años en prisión mientras los fiscales preparan cargos de corrupción en su contra por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La decisión se conoce dos días después de que el expresidente peruano Alan García se suicidó para evitar el arresto en una investigación relacionada a Odebrecht, una compañía brasileña que ha implicado a la clase política, autoridades y líderes políticos de Perú en una presunta trama de sobornos.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 80 años que alguna vez tuvo la ciudadanía estadounidense, niega cualquier ilícito. Kuczynski no asistió a la audiencia ante el juez Jorge Chávez Tamariz el viernes debido a que estaba recibiendo tratamiento para problemas cardíacos en una clínica local.

Después de que García se suicidó el miércoles, los abogados de Kuczynski pidieron al fiscal José Domingo Pérez que considere poner al expresidente bajo arresto domiciliario en lugar de la encarcelación previa al juicio.

Pérez, sin embargo, dijo que los problemas cardíacos de Kuczynski se pueden tratar sin dificultad en prisión y el juez Chávez aprobó su solicitud de mantener al expresidente encarcelado durante 36 meses antes del juicio.

El fallo se conoció cuando García estaba siendo sepultado y probablemente generará más críticas de que la investigación sobre los sobornos de Odebrecht se ha vuelto demasiado agresiva y que los fiscales y jueces están abusando del uso de la prisión preventiva.

Bajo las leyes peruanas, los sospechosos de delitos pueden permanecer en la cárcel antes del juicio hasta por tres años si los fiscales muestran evidencia de que probablemente serían condenados y tratarían de huir u obstruir la investigación a menos que sean detenidos.

Los últimos cuatro presidentes de Perú y la líder de la oposición han recibido órdenes de detención preventiva en el marco del caso Odebrecht, luego de que la compañía admitió a fines de 2016 que pagó alrededor de 30 millones de dólares en sobornos a políticos peruanos, parte de una sofisticada trama que sus exejecutivos detallaron a las autoridades en el extranjero.

Los fiscales del caso Odebrecht dicen que necesitan la prisión preventiva para evitar que los sospechosos ricos y poderosos evadan la justicia mientras reúnen pruebas en la investigación de sobornos más grande del país. Pero sus críticos, incluido el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, el juez Ernesto Blume, dicen que se está utilizando excesivamente debido a la ira por la corrupción generalizada.

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